En su informe sobre Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y Alta comisionada de las Naciones Unidas pidió al Estado a proteger la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, así como a «redoblar esfuerzos para proteger a la población” del conflicto.

 

Dentro de su informe, Michelle Bachelet habló sobre la situación de los DD.HH de cinco países, entre esos, Colombia. Reconoció los esfuerzos del Estado colombiano para “responder a la pandemia de la COVID-19 con un enfoque de derechos humanos”. Sin embargo, en materia de conflicto armado, la situación que observó la alta comisionada no fue nada alentadora.

 

En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014.Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz”

-Alta comisionada.

Por esta razón, pide al Estado “redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados”, pues su oficina observa que el crecimiento de la violencia se debe a “la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales”.

 

Otras preocupaciones de Bachelet

Además, también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adoptar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales y al Estado “a seguir fortaleciendo la unidad especial de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

 

En medio de estas preocupaciones, Bachelet destacó los avances en la justicia transicional.

“Estos avances, y la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad, constituyen una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrirle camino a una reconciliación que permita superar décadas de violencia y conflicto. Las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Fuente: El Espectador