El presidente Iván Duque, calificó ante la Asamblea de la ONU en Nueva York, que «el frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las Farc tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU».

Expresó “ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del covid-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista”.

Duque señaló “gracias a nuestro compromiso con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y la atención a las zonas más afectadas por la violencia, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de implementación».

El mandatario mencionó a las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales como los «retos más grandes» en materia de seguridad. Indicó que “persisten firmes en sus atentados contra la vida de líderes sociales, líderes ambientales y personas en proceso de reincorporación».

Además, advirtió sobre crisis de deuda del país. Así mismo agregó “con inversiones privadas, públicas y público-privadas, ya se muestran resultados económicos que alcanzan los mejores índices en el segundo trimestre de este año, el mejor de este siglo, por lo que avanzamos hacia un crecimiento superior al siete por ciento en el presente año 2021″.

Puntualizó «recordemos que el Compromiso por Colombia, es una estrategia enfocada en impulsar la reactivación económica del país y recuperar la vida productiva. Durante su intervención hizo un llamado global por el aumento en endeudamiento y déficit fiscal a causa del covid-19″.

Mencionó que “se requiere un consenso mundial liderado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, que establezca nuevos criterios de riesgo mínimo fiscal durante la etapa de reactivación post covid-19».

El presidente, propuso a la comunidad mundial que, por un periodo de tiempo y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, se establezca una regla a partir de la cual todos los gastos e inversiones de acción climática estructural, puedan situarse por fuera de la línea tradicional de medición del déficit fiscal.