“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”. Demócrates

Por Álvaro Morales de León

Injusto sería no reconocer que los preceptos que inspiraron al Constituyente del 91 y a los legisladores para otorgar autonomía a la universidad pública en Colombia estuvieron motivados en fortalecerla, no en destruirla como ha venido sucediendo y como lo han estado haciendo los que por diferentes caminos han logrado hacerse con sus rectorías.

La Constitución Política determinó que habría autonomía universitaria, y que las tales instituciones de educación superior podrían darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, como efectivamente, en 1992 lo dejó establecido la Ley 30.

Pero la tal autonomía universitaria trajo incorporado un frágil modelo de elección de sus directivas impregnado de un remedo e intrincado método de democracia indirecta donde a través de una consulta en la que participan profesores, estudiantes, y trabajadores, se les asigna un desequilibrado porcentaje de valoración porcentual a sus votos, y sobre el cual decidirá finalmente el Consejo Superior del Alma Mater.

Esta modalidad electoral, como era de esperarse, permeada por los vicios politiqueros ha dado al traste con el buen propósito del legislador, al punto de convertir a estas instituciones en focos de corrupción, despilfarro y fortín burocrático de los propios rectores y sus padrinos alistados en los entes de control que neutralizan cualquier denuncia que se haga.

Con la autonomía universitaria pasó igual que con la elección popular de alcaldes y gobernadores, donde han sido más los fracasos que los éxitos, de ello dan fe los reiterados casos ocurridos en las universidades de Cartagena. Atlántico, y distrital de Bogotá, entre muchos.

De los elegidos rectores en nuestra local Alma Mater local, la historia no es que sea muy agradable que digamos.

Al primero de los elegidos en este proceso autonómico universitario en Cartagena, Manuel Sierra Navarro, quien tomó la fatal decisión del suicidio después de su paso por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, se le señaló de hacerse reelegir utilizando su poder para obtener los votos de los trabajadores y profesores, que ante el de los estudiantes tienen un mayor valor.

Llegó Sergio Hernández Gamarra para con sus actos contribuir al desprestigio del modelo de autonomía universitaria; Rector a quien no sólo se le acusó de acceder a la rectoría con documentos falsos, sino que su irregular ejercicio lo llevó a condenas por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, así como a destitución e inhabilidades.

A este le siguió, German Sierra Anaya, quien se negó a dar explicaciones a la Cámara de Representantes por una denuncia en su contra por la pérdida de 15.000 millones de pesos. Sierra Anaya, que siguió el mismo tránsito de Sierra Navarro llegando a la Secretaría de Educación después de su segundo periodo como rector, terminó no suicidándose, pero sí alojado en la Cárcel de Ternera por el oscuro manejo de los recursos del PAE cuando Manolo.

Finalmente, del actual rector, Edgar Parra Chacón, también se da cuenta de estar ocupando de manera irregular el cargo por sobrepasar con sus 66 años la edad forzosa de retiro al momento de su elección, edad que estaba establecida legalmente para ese entonces en 65 años: y porque, además, en su elección se ha dicho de la violación de normas reglamentarias.

Por todo lo visto, el proceso autonómico universitario no le ha caído muy bien a la Universidad de Cartagena.