El 4 de octubre se realizará nuevamente la audiencia de solicitud de preclusión de la Fiscalía en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, quién está siendo investigado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Durante la audiencia se espera la asistencia de varios representantes de víctimas, como el abogado del senador Iván Cepeda, quien pretende exponer sus argumentos con el fin de que el caso continúe.

En vista de esto, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, solicitó a la jueza del caso por medio de un documento de 23 páginas, que sea un solo representante de víctimas el que haga la intervención en las audiencias.

“La Corte Constitucional ha indicado que la restricción a la participación de las víctimas es más intensa en el juicio oral debido su naturaleza estrictamente adversarial. Por ello, la intervención de manera directa en juicio implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio en lo concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado. En ese orden de ideas, es claro que para garantizar que el ejercicio de los derechos de las víctimas no genere escenarios disfuncionales, un criterio esencial a tener en cuenta es, precisamente, el de la igualdad de armas”, argumentó Granados.

El expresidente Uribe fue imputado porque de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, intentó presuntamente por medio de terceros, sobornar testigos a su favor en medio de los procesos judiciales asociados al paramilitarismo en Antioquia. Como resultado, se dictó medida de aseguramiento contra Uribe en agosto del 2020.

De inmediato, Uribe renunció a su curul en el Senado, pero el expediente llegó a la justicia ordinaria dónde fue investigado por el fiscal Jaimes. Luego, después de los pleitos procesales en los cuales Uribe quedó libre, fue imputado por dos delitos. Sin embargo, la Fiscalía declaró que sería inocente y pidió audiencia para sustentar su posición.

Mientras Granados pide reducir los intervinientes de víctimas, el representante legal de Cepeda de igual modo envió un documento a la jueza del caso sobre esta solicitud del equipo defensor del expresidente.

“No permitir a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones”, indicó Reynaldo Villalba, abogado de Cepeda.

Así mismo, Villalba señaló que esta petición del representante de Uribe desconoce el derecho que tienen todas las víctimas de controvertir los argumentos que presentará la Fiscalía.

Fuente: El Espectador