“Le apostamos a que las víctimas recuperen lo que la guerra les quitó. Hemos recibido más de 6 reclamaciones por parte de la población víctima del conflicto en Bolívar, que dan cuanta de la pérdida de sus predios. A la fecha hemos podido intervenir el 95% de estas reclamaciones, con el apoyo de la fuerza pública y las entidades del estado. A la fecha hemos representado a las víctimas y puesto en manos de los jueces 1095 casos solicitando la restitución de sus tierras. Los jueces de manera ágil han dado respuesta, decidiendo positivamente sobre 574 sentencias.” Fueron las declaraciones de Alcelis Coneo Barboza, Subdirectora Nacional de Restitución de Tierras y ahora nueva Directora encargada del departamento de Bolívar.
La funcionaria aseguró que la gestión de la Unidad no se queda solo en lo ya mencionado, sino que además de entregar las tierras, dan a los beneficiarios de las sentencias, formación e inversión económica para proyectos productivos, que les permitan reconstruir su economía y el tejido social. Así mismo se les brinda alivio de pasivos, y una vivienda digna para que puedan permanecer en sus tierras junto a sus familias.
Finalizó su intervención comunicando que en el 2018, la Unidad de Restitución de Tierras, tiene como meta finalizar el trámite administrativo del 100% de las solicitudes en todo el departamento.
Así mismo informó sobre los municipios donde más recientemente, la Fuerza Pública nos ha dado concepto de seguridadpara poder dar inicio a la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras. Estos municipios son Mahates, Mompós, Cicuco y Talaigua Nuevo. En estos cuatro municipios, la Unidad de Restitución de Tierras ya adelanta la oportuna atención a las solicitudes, en favor de las víctimas del conflicto.
¿Qué pasa con los actuales ocupantes de tierras reclamadas por víctimas del conflicto?
Frente a este polémico tema, con el que la implementación de la Política de Restitución se han encontrado, la Subdirectora Nacional de Restitución de Tierras y a su vez Directora encargada del departamento de Bolívar afirmo: “La URT y los jueces y magistrados han hecho un gran esfuerzo por llevar verdadera justicia al campo. Esta justicia implica que quienes hoy en día están en las tierras que reclaman las víctimas, pero que son personas que no tuvieron que ver con los hechos de violencia, también sean atendidos a través del programa de segundos ocupantes. Frente a esto, ya los jueces y magistrados están ordenando medidas de atención, ya sea compensándolos económicamente o con nuevas tierras y además brindándoles inversión para su proyecto productivo y vivienda.
La situación de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas de las personas que se encuentran en estas tierras y que no están implicadas en los hechos que generaron el desplazamiento forzado de las víctimas, sino que llegaron mucho después, a veces víctimas también de otro desplazamiento, ha llevado a crear estas medidas de atención que permita la acción sin daño en la implementación de esta Política de Estado. La funcionaria, fue enfática en la importancia de esta justicia social, como legado del Gobierno Nacional.
Por otra parte, también fue enfática en afirmar que, si hay casos donde quienes están actualmente en las tierras, si tuvieron que ver con los hechos de violencia que ocasionaron el desplazamiento forzado de las víctimas. En estos casos aseguró, no tendrán medidas de atención y tendrán que entregar las tierras a sus legítimos dueños por orden de los jueces especializados de restitución de tierras.
A la fecha, ya se ha dado cumplimiento a 11 de estas órdenes en favor de segundos ocupantes, están en proceso 5 y otras 11 están pendientes de decisión judicial. La URT continuará garantizando los derechos de las víctimas y también los derechos para aquellas personas que actualmente ocupan los predios solicitados y que demuestren su buena fe al no haber tenido culpa alguna en el desplazamiento de quienes reclaman la tierra.
